10 Abr La reforma del Reglamento de Extranjería en España y el nuevo limbo para solicitantes de asilo
A partir del 20 de mayo de 2025, entra en vigor en España una importante reforma del Reglamento de Extranjería que afecta de forma directa a miles de personas migrantes, especialmente a aquellas que han solicitado asilo y han recibido una resolución denegatoria. Esta reforma, aunque incorpora nuevas vías de regularización, también genera incertidumbre, exclusión prolongada y contradicciones normativas que colocan a muchas personas en un limbo jurídico y social.
¿Por qué se reforma la ley?
La reforma surge en un contexto europeo de endurecimiento de las políticas migratorias, marcado por un aumento de los discursos securitarios y por la presión política para reducir la llegada de migrantes irregulares a la Unión Europea. En 2024, la Unión Europea aprueba el Pacto Europeo sobre Migración y Asilo, un paquete legislativo que busca unificar los criterios de gestión migratoria en todos los Estados miembros, reducir el número de solicitudes de asilo «infundadas» y reforzar el control en las fronteras exteriores.
Este pacto introduce medidas como:
- Procedimientos acelerados de asilo y devolución, especialmente en frontera.
- Lista común de países de origen seguros, lo que permite rechazar solicitudes de personas procedentes de dichos países sin un análisis individualizado.
- Refuerzo del sistema EURODAC para el control biométrico y seguimiento de movimientos de personas dentro del espacio Schengen.
- Centros de tramitación exprés en frontera, donde se decidirá en cuestión de días si una persona puede permanecer o debe ser expulsada.
- Un mecanismo de solidaridad obligatoria entre Estados miembros, que obliga a repartir responsabilidades mediante reubicación o compensación económica.
Aunque la aplicación plena del pacto está prevista para junio de 2026, España ha expresado su intención de adelantar su implementación al verano de 2025. Este compromiso político ha provocado una aceleración de las reformas internas, incluyendo la modificación del Reglamento de Extranjería, para alinearlo con los nuevos estándares europeos.
¿Qué cambia con la reforma del Reglamento de Extranjería?
Antes de la entrada en vigor de la reforma, el sistema de extranjería permitía ciertos márgenes de integración para las personas migrantes en situación irregular o solicitantes de asilo. Aunque el acceso a la residencia no siempre era fácil, existían figuras como el arraigo laboral o social que ofrecían vías de regularización, y el tiempo como solicitante de asilo era tenido en cuenta para el cómputo de permanencia. Sin embargo, esta situación cambiará de manera drástica a partir del 20 de mayo de 2025, generando un endurecimiento de las condiciones y nuevas barreras legales.
Situación antes de la reforma
| Situación | Antes del 20 mayo 2025 |
|---|---|
| Trabajo durante el asilo | ✅ A los 6 meses desde la solicitud |
| Denegación del asilo | ❌ Pérdida del permiso de trabajo y situación irregular |
| Acceso al arraigo | ✅ Tiempo como solicitante contaba para el cálculo de arraigo |
| Arraigo laboral | ✅ 2 años de estancia + 6 meses de trabajo acreditado |
| Arraigo social | ✅ 3 años de permanencia + contrato + integración |
| Expulsiones | Poco frecuentes; solo en casos con orden firme |
Qué cambia con la nueva ley
| Situación | Desde el 20 mayo 2025 |
| Trabajo durante el asilo | ✅ Se mantiene igual |
| Denegación del asilo | ❌ Se pierde el permiso de trabajo y pasa a situación irregular |
| Acceso al arraigo | ❌ El tiempo como solicitante ya no cuenta |
| Arraigo sociolaboral (nuevo) | ✅ 2 años de estancia irregular + contrato actual de 20h con SMI |
| Arraigo social | ✅ En principio 3 años, pero en casos excepcionales podría aceptarse con 2 |
| Arraigo excepcional | ✅ Solo para denegaciones antes del 20/05/2025, durante un año |
El nuevo limbo jurídico para migrantes con asilo denegado
Uno de los efectos más graves de la reforma es el limbo en el que quedan quienes reciben una denegación de asilo a partir del 20 de mayo de 2025. Aunque durante el tiempo en que su solicitud estuvo en trámite hayan podido trabajar legalmente y contribuir económicamente, con la resolución denegatoria pierden todos los derechos asociados a su condición anterior.
Estas personas:
- Pierden el derecho a trabajar legalmente, lo que implica la pérdida inmediata de ingresos y estabilidad económica.
- Entran en situación irregular, sin acceso a permisos de residencia ni trabajo.
- No pueden acogerse a ninguna vía de regularización hasta que no hayan pasado dos años completos en situación irregular, ya que el tiempo previo como solicitante de asilo ya no se computa para el arraigo.
- Tampoco son expulsadas de manera efectiva por parte del Estado, ya que las expulsiones masivas no se ejecutan por falta de acuerdos con países de origen, obstáculos legales o razones humanitarias.
Durante ese tiempo, sobreviven en una situación de exclusión estructural: sin documentación válida, sin acceso pleno a servicios públicos, sin posibilidad de trabajo legal, y dependiendo de redes informales de apoyo o de la economía sumergida. Esta situación no solo supone un desgaste personal y social, sino que genera un escenario de vulnerabilidad crónica para miles de personas cada año.
La nueva legislación genera un entramado contradictorio:
- Se exige tener un contrato de trabajo para regularizarse, pero no se permite trabajar legalmente.
- Se penaliza el tiempo en el que se ha vivido como solicitante de asilo, a pesar de que en ese periodo se ha contribuido económicamente y socialmente.
- No se expulsa a quienes están en situación irregular, pero tampoco se les da una vía rápida de integración.
La reforma del Reglamento de Extranjería representa una oportunidad para modernizar el sistema de acogida y regularización en España, pero también está generando efectos colaterales preocupantes. Miles de personas migrantes podrían verse atrapadas en un limbo legal durante al menos dos años, sin posibilidad de trabajar legalmente, sin ser expulsadas y sin alternativas viables de integración.